La consejera de Educación, Cándida Martínez (Almería, 1951) cree que en torno a Educación para la Ciudadanía se ha organizado un revuelo ficticio con una clara intención política.

Pregunta. ¿Esperaba este revuelo en torno a Educación para la Ciudadanía?
Respuesta. La campaña, tanto respecto a la objeción como a los recursos en los tribunales, está siendo orquestada por un grupo liderado por el PP. En Andalucía, de manera clara, puesto que quien está al frente de los recursos es un cargo político de este partido [Carlos Seco Gordillo]. Puede haber personas que sean sinceras, pero es un grupo determinado quien lo dirige.
P. ¿Cómo va a hacer frente a esta ofensiva? Hasta ahora ha guardado silencio.
R. En primer lugar, con la ley. En nuestras alegaciones a los recursos, además de otras razones jurídicas, hemos argumentado el grave perjuicio que la suspensión cautelar ocasionaría a la comunidad educativa: padres, profesores, centros, editores. Estamos hablando de tres núcleos familiares [los recurrentes] frente al gran conjunto de la comunidad educativa. Causarían un grave daño, y creo que quieren causar daño.
P. Los recursos se han presentado contra los decretos de la Junta y no contra los del Ministerio de Educación.
R. No lo puedo entender. No tiene sentido. Ante una ley aprobada por el Congreso y unos decretos que salieron en diciembre, sólo recurren aquí un decreto que lo único que señala es que el curso en el que se va a impartir la asignatura.
P. La Concapa sostiene que hay 7.000 objetores, y sólo se han registrado 252 solicitudes.
R. El número es insignificante. Los padres están acudiendo masivamente a los centros, pero a recoger el cheque de libros gratuito. La campaña mediática no se corresponde con la realidad de los ciudadanos.
P. La asignatura es sólo una hora a la semana, muy poco.
R. Es que hay una intencionalidad política clara contra ella. Es extraño. Se trata de una recomendación de la Unión Europea, puesto que esta materia se imparte en 17 países, los que tienen la asignatura más consolidada. Pensar que el respeto a las instituciones, la tolerancia, la justicia o la igualdad entre hombres y mujeres puede atentar contra algo, es una posición conservadora extrema.
P. La Iglesia también se ha opuesto. Incluso le ha llamado fuente del mal.
R. Se ha podido ver que hay posiciones diferentes en la propia Iglesia. En cualquier caso, la mayor parte de los valores que se contemplan en el decreto del ministerio emanan de la tradición cristiana. En la actual normativa, los padres pueden elegir la educación religiosa que quieren para sus hijos. La religión es opcional, la ciudadanía no, todos somos ciudadanos y, por tanto, conocer los valores que sustentan la democracia y la convivencia es imprescindible. Todos vivimos en común y hay un mínimo de valores que es necesario conocer.
P. La patronal FERE acata la normativa.
R. Es una actitud responsable porque pueden adaptar la normativa a su ideario. La Constitución reconoce la autonomía de los centros, son ellos los que eligen los libros de texto. Y hay libertad de cátedra: cada profesor puede elaborar incluso sus materiales.
P. Algunos textos son contrarios a la igualdad, descalifican la laicidad o no reconocen el matrimonio homosexual.
R. Los libros los elaboran las editoriales y las consejerías no pueden supervisarlos, ni esta materia ni cualquier otra. El Estado no ha hecho ningún texto.
P. Javier Arenas ha dicho que no quiere que sus hijos aprendan la ideología de Chaves y Zapatero.
R. Le recomiendo que se lea el decreto. Un político debería hacer el esfuerzo de leer y comprender, al menos. A lo mejor sí se lo ha leído, y lo único que están haciendo es utilizar la educación para la crispación política sin argumentar.

Entrevista publicada en ‘El País’, 6-09-07 ISABEL PEDROTE – Sevilla